Pido perdón por el título de este post, que promete lo que no es. No se trata de hablar de “el niño” en general ni de “la política” en general tampoco. “El niño” en este caso soy yo, pero con ocho, nueve años, y “la política” es la idea de la competencia electoral en una democracia. En cuanto al copyright… ya se verá.

Vale la pena recordar en este punto que tengo treinta y seis años y que, por lo tanto, asistí a la recuperación democrática a los ocho, con las elecciones de octubre de 1983, o tal vez a los nueve, con la toma del mando por parte de Raúl Alfonsín en 1984. Esos años fueron muy raros para mí, porque no lograba acostumbrarme a la idea de que no había nada que temer: me resultaba incomprensible que la gente festejara el advenimiento de un presidente democrático como si fuera irreversible, cuando en cualquier momento podían aparecer unos tipos armados y sacarlo y volver a dominarnos por el terror a todos. Para mí, por entonces, el poder de las armas era absoluto, y ninguna otra cosa tenía posibilidades de oponérsele.

Pero divago. Lo que quería mencionar en este post es otra cosa, que responde a la misma ingenuidad infantil ante la política pero tiene más que ver con los mecanismos propios del juego democrático, más allá de lo formal. Y es la cuestión de las campañas o, más precisamente, de las promesas políticas.

El Sebastián de ocho o nueve años, consumidor de Mafalda y de Tato Bores, le daba vueltas y vueltas al tema de las promesas políticas y no podía comprenderlo. Más precisamente, lo que no podía comprender es cómo los políticos podían querer formular promesa alguna, si todo lo que prometieran podía ser también tomado por los otros, que lo prometerían a su vez, o, peor, por el gobierno, que tenía la posibilidad de implementar las acciones prometidas antes de las elecciones, anulando así a los competidores.

Yo me preguntaba, por ejemplo, qué sentido tendría prometerle a la gente que uno iba a bajar un impuesto (no creo que pensara en esto particularmente porque no sé si a esa edad entendía los impuestos o me interesaban, pero en fin) si todos los demás candidatos podían avivarse y prometerlo también. Dado que no existen los derechos de autor en el ámbito de las promesas políticas, y por lo tanto tampoco el copyright, esto no podría ser discutido por nadie, razonaba yo (aunque en términos menos técnicos): cualquier candidato acusado de “copión” podía simplemente argumentar que tomaba la idea porque le parecía buena, lo mejor para el país. O el gobierno, habiendo oído una idea tan buena, podía apresurarse a implementarla. Y, en mi razonamiento, esto era cierto: limitar la posibilidad de los candidatos de hacer propuestas concretas porque otro ya las había hecho antes, ¡o del gobierno de beneficiar a la gente aplicando buenas medidas!, sería malo, muy malo, para los políticos y para el electorado.

Pero esto nos dejaba con un sistema contradictorio, en el que a los candidatos les convenía no prometer mucho para luego sorprender, ya sobre la elección (¡o después!), con propuestas originales, radicales. Sin embargo, esto me parecía dañino, ya que, en un sistema así, todos los candidatos serían forzosamente más o menos iguales.

No creo que estuviera tan errado en esto aunque, por cierto, a mi pensamiento le faltaba complejidad. Me paraba en dos presupuestos erróneos: el primero, que existía un “bien común” único y fácil de conocer y, por lo tanto, que las medidas de gobierno podían dividirse entre las que beneficiaban a la gente y las que no, o ubicarse en una escala en la que había mejores y peores medidas de acuerdo al bien que produjeran; el segundo, que la gente vota a los candidatos políticos por sus propuestas.

Sin embargo, algo de todo lo que yo pensaba sobre el tema (y realmente le daba vueltas y vueltas; estaba obsesionado por la contradicción) podría ser traducido a la realidad y de hecho lo es, ya que a la hora del análisis político esos factores deben ser considerados. Por ejemplo, cuando se dice que un candidato gira hacia la izquierda o hacia la derecha o que “cambia el discurso” para ampliar su base de apoyo, básicamente lo que se está diciendo es que empieza a apropiarse de las promesas de otros, a decir lo que los otros ya han dicho, para que una parte de la gente lo vea con simpatía. Es como robar promesas, propuestas, pero sin la parte de la originalidad.

Por otra parte, a todos los gobiernos se les señala en algún momento (en términos de talento, de humildad, de cintura, de descaro, de pragmatismo o de lo que sea) que se han apropiado de alguna propuesta o bandera de la oposición, quitándole así argumentos. Recuerdo cuando Álvaro Alsogaray le decía, a un Bernardo Neustadt que lo interrogaba sobre la práctica desaparición de la UCeDé, que el partido no ganaría jamás una elección, pero que sus propuestas ya habían ganado al ser implementadas por el gobierno menemista y que, por lo tanto, sus adeptos no tenían motivos para quejarse. A Cristina Fernández la implementación de la asignación universal por hijo le trajo el apoyo de un sector de la izquierda.

Los motivos para la queja existían, por supuesto, porque la competencia electoral es una competencia por el poder, no por mejorar las condiciones de vida de la gente. Y aquí venía la otra parte del razonamiento del pequeño Sebastián, que era realmente muy pesimista. Para él, las campañas estaban lejos de ser carreras de ideas entre personas bienintencionadas con ganas de llegar al gobierno para dedicarse a hacer todo lo que habían prometido antes, sino entre personas que se afanaban por hacer las mejores promesas para captar apoyos pero que, una vez obtenido el poder, no tendrían ninguna obligación de cumplirlas.

Un análisis, en fin, desprovisto de toda sutileza. Y sin embargo… sin embargo no estoy, hoy, con treinta y seis años, demasiado seguro de que todo el sistema no resulte básicamente incomprensible.